La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reestablecer o crear un fideicomiso con un objetivo similar al que tenía el extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas.
Por unanimidad de votos, la Primera Sala aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que dichos recursos no deban estar por debajo del 0.014 por ciento del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Con este amparo, tramitado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, se estableció que la extinción del fondo implicó que se dejaran de pagar indemnizaciones como reparación del daño.
Este hecho demostró la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado en materia de atención a víctimas.
Este fideicomiso desapareció el 6 de noviembre de 2020, cuando el Gobierno federal lo suprimió de la Ley General de Víctimas, para ocupar esos recursos en la atención de la pandemia.
Al respecto, los ministros indicaron que el Poder Legislativo no demostró el mal manejo de los recursos del fondo, argumento usado para desaparecerlo, además de que se violaron los derechos de participación cultural y libre manifestación de ideas.
Al respecto, Centro Prodh detalló que “esta decisión se basa en que la reforma violaba el principio de progresividad establecido en el artículo primero de la Constitución. Esto implica que los derechos conquistados por las víctimas no pueden dar marcha atrás”
Además, tanto el Centro como Fundar celebraron esta decisión, ya que sostuvieron que esto es en beneficio de las víctimas.
“Se trata de un mensaje inconfundible del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cercanía y empatía con las víctimas de la violencia. Además, refleja su compromiso en abordar la crisis de derechos humanos en nuestro país”, apuntaron las organizaciones.
